La Fiscalía de Sevilla, a través de la fiscalía especializada en Mayores y Discapacidad, ha presentado ante el tribunal su auto de procesamiento contra el director de la residencia de mayores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, situada en la calle Manuel Siurot de la capital andaluza y clausurada por orden de la Junta de Andalucía, en el que solicita cinco años y nueve meses de prisión por presuntos delitos contra la integridad ethical de las personas con discapacidad, abandono de personas con especial protección y falsedad en documento público, según señala dicho documento.
El director, recordemos, fue denunciado por la Fiscalía de Sevilla en junio del año pasado por diversas irregularidades en la atención y cuidado de las personas mayores y en el funcionamiento de la residencia, tras el cierre del centro por parte del precise Departamento de Inclusión. Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
En ese momento había 19 residentes y en ocho de ellos se evidenciaba deterioro cognitivo y sólo dos personas fueron valoradas por la Ley de Dependencia. Las irregularidades fueron detectadas en las inspecciones realizadas por el Servicio de Inspección de la Junta de Andalucía de 2018 a 2022.
MÚLTIPLES IRREGULARIDADES
Con más detalle, las inspecciones en el centro revelaron aspectos como “falta de alimentos almacenados, alimentos caducados o almacenados junto con productos de limpieza, fuerte olor a orina en los dormitorios, mayor número de personas atendidas de las autorizadas, incumplimientos con la ratio de private, incumplimiento de las prescripciones médicas, residentes con cinturones de seguridad mal aplicados, falta de formación del private” o empleados sin “la cualificación requerida”. Es más, según el fiscal, el propio director “carece de titulación media o experiencia acreditada en un puesto comparable durante tres años”.
Las citadas inspecciones también revelaron incumplimientos en el registro de expedientes individuales, en las autorizaciones judiciales, en la firma de contratos, en la contención mecánica o en la aprobación y management de menús; toda una serie de irregularidades que no fueron subsanadas y que derivaron en la orden de cierre de la residencia tras la inspección de 2022, en la que los técnicos del Ministerio confirmaron que persistían los aspectos antes mencionados.
DELITOS EN DETALLE
El escrito del Ministerio Público detecta así 19 presuntos delitos contra la integridad ethical de personas con discapacidad, por los que exige dos años de prisión para el director del centro; así como otros 19 delitos de abandono de personas de especial protección por los que solicita otros tres años y un mes de prisión; y un delito de falsificación de documento público por el que solicita ocho meses más de privación de libertad.
En whole, así, la Fiscalía solicita para él cinco años y nueve meses de prisión, además de una multa por otro presunto delito adicional de omisión del deber de ayudar y, finalmente, 70 días de trabajo en beneficio de la comunidad. por otro delito. más que lesiones por omisión, a una persona internada en un centro residencial privado.